Locales
Congresistas piden a Iván Duque suspender pilotos de fracking en Colombia
Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2020
Señor,
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
Presidente de la República de Colombia
Ref: Solicitud de suspensión del proceso de entrega de Contratos Especiales de Proyectos de
Investigación (CEPI) – Pilotos de fracking.
Señor Presidente,
–El Gobierno Nacional ha expresado recientemente su interés en llevar a cabo en los próximos
días la entrega de contratos para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral
(PPII). Estos pilotos son, según el Decreto 328 de 2020, procesos experimentales y científicos
que buscan fundamentalmente recopilar información social, ambiental y de reservas de
hidrocarburos, así como promover la participación ciudadana y el acceso a la información para
evaluar los impactos del fracking. En esta carta expresamos serias dudas respecto a la posibilidad
que tienen los PPII de entregar información certera sobre los riesgos del fracking que pueda
reducir la incertidumbre sobre el peligro que esta técnica representa para la salud de las
comunidades y para el ambiente.
En atención a lo anterior, quienes firmamos esta carta, solicitamos al Presidente de la República
suspender de manera inmediata el proceso de contratación para la ejecución de los Pilotos de
Fracking y/o los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación (CEPI) y así brindar el
espacio necesario para un debate riguroso y de cara al país sobre los dos proyectos de ley que
buscan prohibir el fracking en Colombia.
El ritmo acelerado con el que el Gobierno promueve estos proyectos es desconcertante. Diego
Mesa, Ministro de Minas y Energía, expresó el pasado 6 de octubre que el objetivo del Gobierno
es “evaluar los proyectos piloto antes de que finalice el mandato actual del Gobierno en agosto
de 2022”. Ese tiempo es muy limitado desde todo punto de vista: estamos a solo 20 meses de un
cambio de gobierno y sabemos que los impactos del fracking no se hacen visibles en el
transcurso de los meses, sino con el paso de los años, como ha sido ampliamente documentado
en las áreas explotadas mediante el fracking en Estados Unidos, Canadá y Argentina.
Los PPII buscan evaluar, en un corto plazo y con pocos pozos, los impactos ambientales y
sociales que se darían en el mediano y largo plazo con los miles de pozos necesarios por cada
campo, como nos lo muestran las experiencias de los países mencionados. Por otra parte, y sin
consideración alguna de los llamados que hace el Consejo de Estado al rigor científico y a la
vigilancia de la suficiencia de los datos, existen profundas dudas frente a la rigurosidad del
proceso de desarrollo de los PPII, debido a que la información no sería adquirida directamente
por el Estado sino por las empresas contratadas, interesadas comercialmente en la explotación;
adicionalmente, las líneas base se publicarían después de la entrega de contratos y licencias
ambientales. Todo lo anterior representa serios conflictos de interés que desde todo punto de
vista vician la rigurosidad del proceso científico en el que actuarían las empresas que se
pretenden contratar.
Las normas expedidas por el Gobierno no garantizan un blindaje suficiente frente a los
potenciales riesgos de afectación al medio ambiente y a la salud de las comunidades. En
consecuencia, no es posible implementar de manera segura el fracking en la modalidad de
pilotos. Adicionalmente, los decretos y reglamentaciones expedidos a la fecha presentan, a todas
luces, falencias metodológicas para hacer de los PPII un ejercicio participativo y democrático: no
garantizan el derecho a la participación efectivo de la ciudadanía, no reconocen un papel
deliberativo a las comunidades que participan del proceso y solo consideran “comunidad” a
quienes habitan en cercanías a los pilotos, sin consideración alguna de la magnitud regional y
global de los impactos. Más aún, la evaluación de los resultados, en vez de llevarse a cabo por
parte de evaluadores pares externos como
