Denuncian supuesto ‘cartel’ en contrataciones del POT de Barranca

La Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial denunció la existencia de un “cartel del POT” en Barrancabermeja.

El director de la Corporación, Raúl Barba Rueda, advirtió que “todo empezó porque identificamos que había unos ítem en los contratos para entregar las cartillas de socialización, pero al solicitar información el Municipio no lo hizo”.

“Empezamos a investigar, porque cartillas no hay, pero sí los contratos, encontramos que hay un solo contratista”, afirmó.

La Corporación indicó que la actual Administración Municipal lleva invertidos $8.450 millones, para dar cumplimiento a la formulación del nuevo POT, pero denunció que del total invertido “se advierte la inusitada concentración del 67%, unos $5.565 millones, de la contratación asociada a actividades del POT en un único contratista, el cual a través de diversas razones sociales de las cuales es accionista mayoritario, termina ‘cartelizando’ la contratación”.

“Esta misma contratista es la responsable de la no ejecución de los rubros correspondientes a cartillas de socialización, por un valor $85 millones. El Observatorio para el POT identificó tres contratos firmados que tienen en sus objetos fortalecer el proyecto de Formulación, Adopción e implementación del POT, y en los cuales se especifica el desarrollo y la elaboración de cartillas para socializar, las cuales no han sido entregadas”, denunció Barba Rueda.

La secretaria de Planeación, Elizabeth Lobo, respondió diciendo que la contratación se realizó a través de los procedimientos establecidos por el estatuto contractual.

“En este caso se hace a través de licitaciones públicas, donde tienen acceso a participar en la respectiva convocatoria todos los proponentes del país. Proceso que se adelanta en la Oficina de Procesos Técnicos de Contratación, a través de un comité evaluador que verifica todos los requisitos establecidos en el proceso de la convocatoria pública, para poder, después de la adjudicación, suscribir los contratos. La entidad estatal contrató con dichas empresas, más no con ninguna persona en particular. Nosotros realizamos los procesos de contratación conforme a la Ley 80 de 1993”, aseguró la funcionaria.

Estudio de Riesgo

La Corporación indicó que dos empresas, propiedad de una persona, se unieron a través de una Unión Temporal para contratar la consultoría, para la elaboración del Estudio de Riesgo Tecnológico de Barrancabermeja, por un valor de $417 millones. El contrato, también enmarcado en los estudios de Gestión del Riesgo del POT, se suscribió el 8 de junio de 2018.

“A la ‘cartelización’ que han generado, se añade la falta de claridad en la experiencia que certifica la contratista para obtener la adjudicación del contrato de Gestión del Riesgo. La certificación de experiencia presentada es un documento bastante peculiar, que deja abiertos interrogantes sobre la real experiencia técnica para ejecutar dicho contrato. La empresa que certifica dicha experiencia tiene como su principal actividad el mantenimiento y reparación especializado de equipos electrónicos y ópticos, por ningún lado encontramos alguna relación entre dicha actividad y una consultoría de Gestión del Riesgo para un POT”, argumentó la Corporación.

Ante tal denuncia, la Secretaria de Planeación señaló que “jurídicamente la consultoría también es un proceso enmarcado dentro del estatuto contractual, por lo tanto también se somete a convocatoria pública, donde pueden participar todos los proponentes que quieran hacerlo. También opera el comité evaluador de procesos técnicos de contratación, para habilitar, o no, al proponente que reúna los requisitos de experiencia necesarios para habilitarse y consecuentemente contratarlo. Es así como los procesos de selección y contratación de contratistas se estructuran con base en la normatividad vigente en contratación estatal, cumpliendo con los principios rectores de la misma, dando la oportunidad a las diferentes personas naturales y jurídicas de participar, ya sea en calidad de proponentes singulares, o plurales”.

“Adjudicación irregular”

La Corporación denunció que el proceso de adjudicación del contrato estuvo plagado de irregularidades.

“Por ejemplo, durante el proceso de pliegos de condiciones se hicieron una serie de cuestionamientos al mismo, por parte de tres empresas interesadas en participar. El tiempo de ejecución del contrato era de un mes, pero dos de las empresas interesadas en participar lo cuestionaron, argumentando que era muy corto para la cantidad de actividades que se debían atender. Pero las respuestas dadas por la Secretaría de Planeación fueron negativas frente a dicha solicitud, manteniéndose el tiempo establecido de un mes.

“Las empresas que presentaron los cuestionamientos al pliego decidieron no presentarse al proceso, quedando seleccionada la única empresa que se presentaría”, propiedad de la misma persona que había obtenido los otros contratos, “para ejecutar el contrato de consultoría, con una duración de un mes, por un valor de $965 millones, contrato que se firmó el 29 de noviembre de 2017”, reveló la Corporación.

Barba Rueda señaló que “curiosamente un mes después, el 27 de diciembre de 2017, se firmó un adicional en tiempo y valor al contrato de Gestión del Riesgo, donde se le añaden tres meses al plazo inicial y se le adicionan $450 millones, quedando el contrato con un valor total de $1.415 millones”.

La Secretaria de Planeación se pronunció diciendo que durante la convocatoria pública se determinó un tiempo para la ejecución contractual, el cual se mantuvo al determinarse que técnicamente se podía realizar en dicho tiempo.

“Sin embargo, durante la ejecución y el trabajo de campo que hizo el contratista se observaron situaciones que no estaban previstas dentro de los estudios previos y términos de referencia, por las condiciones actuales de la ciudad. El contratista entregó soportes de los imprevisibles, fue necesario el tiempo adicional, para poder emitir el estudio final del objeto de la consultoría. Se realizó, porque jurídicamente no está prohibido en el estatuto contractual, que se puedan realizar adiciones en tiempo”, explicó Lobo.

¿Información secreta?

Barba Rueda se refirió al supuesto misterio en el acceso a la información del POT, la cual considera parcializada y desactualizada, con características de confidencial, pese a que, según él, la Secretaria de Planeación asegurara en días pasados que se encontraba colgada en la página de la Alcaldía a disposición de la ciudadanía.

Manifestó que “no sabemos si la Secretaría de Planeación se ha dado cuenta, o no se ha querido dar cuenta, hay que preguntarle, debe dar explicaciones ante las supuestas irregularidades advertidas por la Corporación”.

Lobo aseguró que dentro del proceso de construcción del POT existe un documento denominado “de participación ciudadana, en el cual se da fe de la cantidad de talleres realizados y la participación de la comunidad, donde la información ha sido pública y producto de ello están los documentos presentados a la CAS”.

“La información del POT está en el portal de la Alcaldía, hay un link en la página, pero existe información que es demasiado pesada, y la capacidad que tiene la página de la Alcaldía no da abasto para los volúmenes de información que manejan los documentos del POT. Como nuestra obligación legal es publicarla en ‘gobierno en línea’, entonces en ese link es donde están los documentos publicados. Cada vez que nos hacen un derecho de petición, cuando la comunidad no encuentra la información en la página, les generamos la ruta de ingreso a ‘gobierno en línea’, pero la información de lo que se presentó a la CAS está publicado en el portal”, aclaró.

Dispuesta a contestar

La Corporación anunció que la denuncia será interpuesta ante la Contraloría y Procuraduría, y que prepara la demanda penal.

Lobo aseguró que tanto la Alcaldía como la Secretaría de Planeación han actuado con legalidad.

“La contratación se hace a través de licitación pública. En ningún momento se puede establecer que se está ‘cartelizando’ la contratación, ya que la entidad, desde los estudios previos, establece los requisitos habilitantes establecidos en la ley, para la participación en igualdad de condiciones de los oferentes. Los requisitos de los proponentes son evaluados por un comité evaluador, que habilita, o no, a los contratistas, previo a la adjudicación de los contratos. Cualquier ciudadano puede interponer denuncias ante los entes de control, pero nosotros como Administración tenemos que dar las correspondientes respuestas, que siempre están ajustadas a la ley, aquí no se ha dado ningún contrato de manera directa, o a dedo, porque todo ha sido a través de un proceso de licitación pública, que tiene un procedimiento establecido por la ley”, replicó la funcionaria de la Alcaldía de Barrancabermeja.